Bases militares: el acuerdo de Colombia y el de Manta

Diego Otero Prada*, Revista Razón Pública, Bogotá, diciembre 7 de 2009

El acuerdo de Colombia con Estados Unidos es más amplio que el que firmó Ecuador con relación a Manta, ya que se extiende a todo el territorio nacional y sobre todo a que cubre más actividades.

A raíz del desmonte de la base Howard (Panamá) que seguiría a la firma del Tratado Torrijos-Carter de 1997, el Pentágono negoció la instalación de cuatro bases aéreas ubicadas en El Salvador (Comalapa), Curazao (Hato Rey), Aruba (Reina Beatriz) y Ecuador (Manta). Pero a raíz de la expiración y de la no renovación del acuerdo con Ecuador en noviembre de este año, la base de Manta debió ser reemplazada de algún modo por el acceso ampliado a las bases colombianas.

En estas circunstancias los antecedentes y la experiencia de la base de Manta son referentes importantes para Colombia. Fuera del hecho obvio de que una base (Howard) fue “reemplazada” por cuatro y que la de Manta fue “reemplazada” por nuestras siete bases, entre el tratado de Ecuador y el de Colombia existen diferencias y existen parecidos que conviene examinar.

La sustancia

El acuerdo ecuatoriano permitía “el acceso y uso de la base de Manta así como el puerto de Manta a los Estados Unidos, el uso del espectro radioeléctrico, el establecimiento de una estación satélite de comunicaciones y frecuencias de radio y telecomunicaciones exentas de inspección, licencia, regulación, derechos impuestos, cargos y tarifas que debían ser gravados por la República del Ecuador para actividades relacionadas con el narcotráfico“[1]. El personal extranjero estaba exento de impuestos sobre la propiedad y fundamentalmente gozaba de inmunidad diplomática.

La base de Manta comenzó a funcionar el mismo año de inicio del Plan Colombia y se convirtió en un centro importante de las operaciones contra el narcotráfico. Su aeropuerto pasó a ser uno de los mejor equipados del Ecuador, con capacidad para naves de transporte de tropas y equipos (pertrechos, tanques y helicópteros), además de servir como punto focal para la inteligencia y las comunicaciones.

Pero no es obvio que la utilidad de Manta se haya reducido a la lucha contra el narcotráfico, como pedía el Acuerdo -y ni siquiera es claro que se haya reducido a apoyar las acciones del gobierno contra la guerrilla en territorio colombiano-. Ecuador sostiene que de la base de Manta partió un avión que participó en el ataque al campamento de Raúl Reyes dentro de territorio ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia.

En general, el acuerdo de Colombia es similar al ecuatoriano, con dos diferencias de suma importancia: la primera, que los Estados Unidos en Colombia tendrán inicialmente siete bases y podrán utilizar cualquier aeropuerto nacional; es un acuerdo que cubre todo el territorio, con la misma libertad de la Fuerza Aérea Colombiana, con la ventaja que cualquier infracción o delito que comentan los estadounidenses será juzgado en los Estados Unidos. La segunda diferencia consiste en que las operaciones incluyen la lucha contra el narcotráfico “y contra el terrorismo” (pero quién define qué sea “terrorismo” y quién garantiza que esta vez sí las bases se limiten a su uso declarado?

El método

Según un estudio del Congreso ecuatoriano, las bases que reemplazaron a Howard “ya no eran grandes complejos militares norteamericanos en territorios extranjeros para apoyos concretos como contrainteligencia, contrainsurgencias, antinarcóticos; fueron formas de disfrazar las bases militares bajo la apariencia de respeto a las soberanías nacionales. Eran además posiciones más pequeñas, menos costosas, de manejo sencillo, menos expuestas a riesgos pero que permitían operaciones ágiles y efectivas. Para evitar el rechazo ciudadano a las bases militares, incluso las denominaron Puestos Operativos de Avanzada, FOL, redefinidos luego como Puestos de Seguridad Cooperativa, CSL. Esta concepción de base nacional para uso norteamericano allanó el camino para que se obviara el paso necesario de aprobación por parte del Congreso Nacional y otros organismos legales. Huelga decirlo, a esta sutil manera de evadir importantes condiciones soberanas se sumó el hecho de una sui géneris interpretación constitucional que ´no obligaba` a obtener la autorización del Congreso Nacional”[2].

La frase anterior encaja perfectamente con lo que ocurre en Colombia: el Gobierno se negó a enviar el acuerdo a la aprobación del Congreso Nacional, con los mismos argumentos que dio el gobierno de Jamil Mahuad, Presidente de Ecuador cuando se firmó el acuerdo sobre la base de Manta.

Para evitar interferencias extranjeras e impedir que se repita el caso de Manta, la nueva constitución ecuatoriana aprobada en 2008 en su Artículo 5 señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

El acuerdo de Colombia es más favorable a los intereses de los Estados Unidos que el de Ecuador, que se limitó a la base de Manta y para actividades contra el narcotráfico (lo cual no incluye el uso de los aviones C-17, como se hará en Colombia). Claramente se pierde la soberanía sobre el espacio de las bases, el aéreo y el marítimo. Con este acuerdo, Colombia es una plataforma para vigilar a Latinoamérica y África Occidental y llevar a cabo operaciones aerotransportadas con propósitos militares. Es el acuerdo más amplio y peligroso firmado por un país latinoamericano, después del existente en operación en Panamá, hasta que el tratado Torrijos-Carter acabó con la interferencia de los Estados Unidos. E, igualmente, Colombia se convertirá en la nueva Escuela de las Américas, ya que otro de los propósitos es utilizar a Colombia para entrenar a militares y policías de todo el mundo en desarrollo en operaciones antinarcóticos y anti guerrilleras, evitándose los Estados Unidos este papel en su propia casa y trasladar las críticas a Colombia.

* Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, PH.D en economía de la Universidad de Pensilvania, ex gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ex presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y Afines, consultor internacional, autor de numerosas publicaciones y actual Decano de la Universidad Central.

Notas de pie de página

[1] Informe de la Subcomisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública, Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República de Ecuador (junio de 2009) pp. 36 y 37.

[2] Id- p. 28.